Según el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI):
1. Para poder realizar el relevamiento de las comunidades originarias, en primera instancia deben dar su conformidad las provincias (Sistema Federal).
2. Se hicieron 350 relevamientos de comunidades, abarcando 3.560.000 hectáreas.
3.Se evitaron con intervención ante la justicia 14.000 desalojos (algunos de conocimiento público).
4.Se crearon 70 servicios jurídicos gratuitos para apoyo de las comunidades en conflicto.
5.En base al monitoreo permanente realizado, no por la Auditoría General de la Nación, sino por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, se declaran cuando corresponden las caducidades y se limita el envío de fondos a aquellas provincias que no cumplen el Convenio, tomando así el resguardo de los fondos.
6.Al día de la fecha hay 20 Convenios vigentes. Restan 2 provincias (San Luis y Corrientes) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no reconocen la existencia de comunidades originarias; San Luis aduce razones constitucionales. Se está haciendo un relevamiento centralizado para corroborar esa inexistencia.
7.Con respecto a la Universidad de Lanús, el convenio transfiere los fondos parcialmente y en cuotas de acuerdo a los trabajos encomendados y sus rendiciones presentadas.
Por último, continúa el texto del INAI, "resulta llamativa la preocupación periodística del diario, omitiendo mencionar en la nota que este Gobierno Nacional es el primero en la historia argentina que se ocupó de impulsar una Ley de propiedad comunitaria indígena que declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras, creando el Programa Nacional de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas”.
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