jueves, 2 de febrero de 2012

Confirman procesamientos por trata de personas a víctimas de la comunidad Toba

engañados con ofertas de trabajo.
Para los dagnificados, una jornada de trabajo podía extenderse por 16 horas sin descanso, durante casi siete días a la semana.

jueves 02 de febrero de 2012 Nacional
Comunidad Qom (Toba) La Primavera. Fuente: primerapagina93.blogspot.com
Comunidad Qom (Toba) La Primavera. Fuente: primerapagina93.blogspot.com
Buenos Aires, 2 febrero (NA) -- La Sala III de la Cámara Federal de La Plata confirmó los procesamientos de cuatro dueñosde verdulerías por el delito de "trata de personas" a raíz de la explotación de una veintena de integrantes de la comunidad toba La Primavera quienes fueron traídos engañados desde Formosa con
ofertas de trabajo.

Los jueces Antonio Pacilio, Carlos Alberto Nogueira y Carlos  Alberto Vallefín confirmaron los procesamientos de Sabina Choque Acarapi, Francisco Núñez Rodríguez, Marta Niura Mendoza y Bernardo Choque Acarapi, quienes quedaron al borde del juicio a raíz del fallo.
Los damnificados comenzaron su relación laboral contrayendo una deuda vinculada con el traslado, desde Formosa, y así fueron aislados de sus familias y comunidades, lo que era aprovechado por los imputados.
"Una jornada de trabajo que podía extenderse por 16 horas sin descanso, durante casi siete días a la semana, sumada a una alimentación que en algunos casos era insuficiente y una rutina que consistía en trabajar y dormir, imponen unas condiciones de vida donde resulta dificultoso tomar decisiones vitales como, por
ejemplo, encontrar otro medio de subsistencia", dieron cuenta los magistrados.
En primera instancia, el juez federal de Quilmes, Luis Armella, ordenó las detenciones de los cuatro acusados y allanamientos "procediéndose al rescate de 18 personas de ambos sexos, pertenecientes a pueblos originarios de la comunidad Toba, quienes se encontraban trabajando de manera ilegal y en situación de extrema vulnerabilidad, ya que prácticamente se encontraban reducidas a la servidumbre".
Según está comprobado en la causa, a las víctimas se las obligaba a "efectuar lavado, acondicionamiento y empaquetamiento de verduras, las que posteriormente eran comercializadas por parte de los imputados", y todos los trabajadores "se encontraban viviendo en el mismo lugar, de una manera precaria, antihigiénica
y sin descanso, ya que trabajan todos los días sin salir del lugar".

Los camaristas aseguraron que el trabajo"se hacía en condiciones de salubridad riesgosa, al igual que el desarrollo de la vida doméstica misma", y "todos los declarantes hicieron alusión a la suciedad del lugar de labor y la precariedad de las instalaciones dedicadas a vivienda".
A todos los imputados se los acusa de infringir la norma que prevé penas de hasta 15 años a quien "captare, transportare o trasladare, dentro del país o desde o hacia el exterior, acogiere o recibiere personas, cuando mediare engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier otro medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad".

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